La impunidad en los crímenes de periodistas es una constante en Colombia. El país es catalogado como una de los seis, en el mundo, en donde es más peligroso ejercer actividades relacionadas con el periodismo o la opinión.
Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP) 68 periodistas fueron asesinados en el mundo en 2022. Durante ese año, el país más peligroso para ejercer ese oficio fue Ucrania, donde murieron 12 comunicadores. México, donde hubo 11 homicidios contra periodistas, y Colombia, donde hubo cuatro, quedaron incluidos en el paquete con estados como Haití, Pakistán y Filipinas, en donde igualmente es muy peligroso ejercer la actividad informativa.
Los cuatro periodistas asesinados en Colombia el año pasado fueron Leiner Montero Ortega, Dilia Contreras Cantillo, Rafael Emiro Moreno y Wilder Alfredo Córdoba.
Los homicidios de Leiner Moreno y Dilia Contreras ocurrieron en agosto, en una carretera del municipio de Fundación (Magdalena), cuando regresaban de cubrir unas fiestas patronales. Según informó la Policía, unos hombres armados que se desplazaban en una moto atacaron el vehículo en el que iban los periodistas. En la región en la que ocurrió el crimen hay presencia de grupos criminales como el Clan del Golfo o de bandas dedicadas al narcotráfico como Los Pachenca o la Oficina del Caribe.
El de Rafael Moreno fue en octubre, cuando dos hombres le dispararon mientras estaba en un local de comidas rápidas del que era propietario en Montelíbano (Córdoba). Estaba amenazado desde 2019 e indagaba casos de corrupción en ese municipio. El de Wilder Alfredo Córdoba ocurrió en una vereda de La Unión (Nariño), donde fue acribillado a balazos por dos sicarios. En su canal privado Unión Televisión, Córdoba se dedicaba a denunciar casos de inseguridad y compartía información de servicio en esa población.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación adelanta, según ellos, una “investigación exhaustiva”, término ya acuñado por el ente acusatorio. Sin embargo, hasta en la actualidad no hay nadie judicializado por esos hechos.
Impunidad en crímenes contra periodistas, una costumbre
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, tiene abierto un capítulo especial denominado “Impunidad”, en el que resalta docenas de casos en los que las “investigaciones exhaustivas de la Fiscalía” de asesinatos contra periodistas, quedan en esa frase de cajón, que año tras año envejecen, hasta prescribir. Si no es por la declaratoria de crímenes de lesa humanidad, a un puñado de casos, en su gran mayoría, esos procesos en el organismo investigativo duermen el sueño de los justos.
Se destaca que entre menos popular o famoso sea el periodista asesinado, los esfuerzos son menores, pues la presión mediática de los grandes espacios informativos, es directamente proporcional a la capacidad investigativa del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y resolutiva de los mismos fiscales. Triste pero cierto.
Los ejemplos son evidentes:
EPL y ELN asesinaron hace 20 años a tres comunicadores de Santander y Antioquia
Según el portal www.flip.org en los casos de asesinatos de periodistas, la prescripción es el común denominador.
El crimen de los periodistas Fabio Restrepo (Santander), John Jairo Restrepo (Santander) y María Salinas (Antioquia), que fue en el 2000, quedó en la impunidad. En 2023, sus casos prescribieron, es decir, dejarán de ser investigados y no se podrá sentenciar a los culpables.
“La prescripción de un caso se debe a que, por orden constitucional, hay que establecer un tiempo límite para que alguien pueda ser juzgado por un crimen. Esta duración se calcula teniendo en cuenta la pena máxima a la que podría verse enfrentado el autor del delito. Por ejemplo, en el caso de homicidios, después de 20 años, los casos prescriben, pues ese es el tiempo al que podrían sentenciar al responsable del asesinato”, dice el informe.
Los investigadores de la FLIP, reportaron que en febrero y marzo del presente año, se cumplió el tiempo máximo para condenar a los responsables de los asesinatos de estos comunicadores. “En los primeros dos casos se tiene como presunto responsable a la guerrilla del EPL, y en el caso de Salinas, al ELN. Estos son los pocos datos que se tenían de sus casos, pues en la Fiscalía la investigación fue suspendida y no hubo más información, ni siquiera antes de la fecha de prescripción”, así lo confirmó Ángela Caro, asesora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Al subdirector del Diario del Sur de Pasto, lo persiguieron hasta matarlo
Otro caso doloroso registrado hace 23 años, fue el asesinato de Alejandro Jaramillo, subdirector del Diario del Sur en Pasto, Nariño. Llevaba apenas dos meses en su cargo cuando desapareció el 24 de octubre de 1997. Días después fue encontrado muerto. Sus victimarios lo persiguieron, a pesar de haber cambiado de ciudad. Su muerte había sido ordenada y no había lugar en el país en donde no lo encontraran para matarlo. Los narcos nunca perdonan a los que los ponen en evidencia.
Alejandro ya le había ganado el pulso a la muerte otras dos veces. La primera, cuando fue objetivo de un atentado en Cali, Valle del Cauca. Allí trabajó para los periódicos Del Occidente, El País y El Caleño. La situación lo llevó a instalarse en Bogotá, donde sufriría un segundo atentado.
“Sin embargo, el temor que vivió por esos años no le impidió seguir realizando su trabajo como periodista judicial. Su caso prescribió y quedó en completa impunidad. Hay quienes creen que el narcotráfico estuvo detrás de su asesinato, pues Alejandro cubría temas que tenían que ver con la guerrilla y los carteles de droga”, indica la FLIP.
¿La muerte de Gabriel Cruz, es un crimen de estado?
Muchas veces se ha tejido un manto de duda en los crímenes de periodistas que son “incómodos” para el establecimiento, por eso, el caso de Gabriel Cruz Díaz, que fue asesinado por desconocidos hace 26 años en Chinú, Córdoba, deja muchas dudas.
Gabriel era un avezado investigador periodístico y se había concentrado en la época en la que el paramilitarismo recibía el aparente apoyo de los militares colombianos. En ese entonces era un secreto a voces, que nadie admitía en público, sin embargo, hoy es una realidad inapelable, según las confesiones del ex paramilitares del nivel de Salvatore Mancuso, quien en su intención de ser admitido en la JEP lo ha contado todo.
“Gabriel, era corresponsal de los diarios El Universal de Cartagena, El Heraldo y El Espectador, y trabajó en emisoras como Panzenú, La Voz de Corozal Y Radio Piragua. Antes de su asesinato, el periodista estaba escribiendo un libro sobre los ataques militares contra las personas de izquierda en la región”, dice el informe de la Fundación para la Libertad de Prensa.
El caso del asesinato de Gabriel prescribió en 2015 sin que las autoridades identificaran a los responsables de su homicidio. Hoy, se cumplen 26 años de su muerte y en la FLIP reconocieron sus esfuerzos y el de todos y todas las periodistas que han sido asesinados en Colombia por denunciar las irregularidades y problemas en sus regiones.
Lo mataron por grabar a “traquetos” de Cali
En la época de mayor apogeo del Cartel de Cali y Norte del Valle, era común la ley del silencio. Nadie se podía meter con ellos, y el que se arriesgara pagaba con su vida. Fue precisamente lo que le pasó a Abelardo Marín Pinzón: estaba en el lugar equivocado y en el peor momento, para esa realidad, pero pudo más su instinto periodístico.
Era camarógrafo, solía recorrer las calles en busca de imágenes que retrataran la realidad de los caleños. Fue asesinado el 27 de mayo de 1994, víctima del narcotráfico.
“Abelardo siguió los pasos de su padre en el periodismo y a sus 26 años, usó su cámara para mostrar y dar un respaldo veraz al contenido informativo de la productora Paranova y del canal Telepacífico. Sus grabaciones lograban captar desde la cotidianidad de la comunidad, hasta el narcotráfico y situaciones de orden público”, incluye la investigación de la FLIP.
A inicios de 1994 Abelardo logró una grabación en donde se veía cómo operaba el narcotráfico en la ciudad, incluso se llegaban a ver varios miembros de una de las bandas. Aparentemente habrían sido estas imágenes las que detonaron el asesinato de Abelardo, quien fue atacado por sujetos que le dispararon desde una moto el 27 de mayo de ese año.
Pese a los llamados que la FLIP hizo a la Fiscalía para esclarecer los hechos y avanzar en las investigaciones, el caso prescribió en el 2014. Los autores materiales e intelectuales no fueron identificados, por lo que nadie fue judicializado por el crimen de Abelardo.
“Crímenes de lesa humanidad”, única alternativa para que los casos no prescriban
Así como los casos de Leiner, Dilia, Rafael, Wilder, Fabio, John Jairo, María, Alejandro y Gabriel, entre otros, son innumerables los crímenes contra periodistas colombianos por atreverse a decir la verdad. Casi todos esos expedientes hoy están archivados o desaparecidos convenientemente. Solamente un puñado de esos procesos aún están abiertos, aunque impones, debido a una salvaguarda, que se denomina “Declaración de Lesa Humanidad”.
Dicha declaración, de acuerdo con el análisis jurídico de la FLIP, evita que los casos prescriban. Ese estatus legal la puede solicitar la familia de la víctima o lo puede hacer la Fiscalía de oficio. Se puede realizar antes o después de que prescriba el caso, aunque esto último no es tan común.
Sin embargo, para que se declare un delito como crimen de lesa humanidad, se deben probar ciertas características. La Corte Penal Internacional fija los siguientes requisitos: lo primero es que el crimen debió haber sido generalizado, es decir que debió haber afectado a una cantidad considerable de civiles, o sistemático, que se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y a la improbabilidad de su ocurrencia por mera coincidencia.
Un segundo punto es que las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos. El tercer requisito es que el ataque debe ser dirigido contra población civil. Por último, se debe probar que el delito tuvo una motivación discriminatoria, bien que se trate de motivos ideológicos, políticos, religiosos, étnicos o nacionales.
La declaración de un crimen como de lesa humanidad no es una tarea fácil, porque involucra una serie de esfuerzos y constancia, que especialmente en los casos de periodistas regionales, difícilmente logra conseguir el o los dolientes necesarios para luchar por años, por esta declaratoria.
Mientras logros tan difíciles como esos (declaratoria de crímenes de lesa humanidad) se alcanzan, en cada caso, la mayoría de procesos se vencen, porque la capacidad resolutiva de la Fiscalía, no les permite llevar a la cárcel a los responsables de los homicidios contra los periodistas en Colombia.