Autor: nomasimpunidad

La “cartelización” es un concepto que la Superintendencia de Industria y Comercio ha dejado muy claro, que se enfoca a los acuerdos de empresas o de personas para monopolizar un producto, controlar su precio y excluir a los competidores. Sin embargo, lo que ocurrió en la Federación Colombiana de Fútbol con la reventa de boletas para el Mundial de Rusia 2018, no solamente contraviene cualquier ley comercial, sino que fue delictivo, por lo que lo lógico habría sido que los autores de este concierto para delinquir fueran a la cárcel, pero eso no ha ocurrido. Gran parte de los directivos de esa entidad privada siguen ostentando sus cargos y en la Fiscalía General de la Nación el proceso lleva “durmiendo” más de cinco años

“La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír”, George Orwell. Eso es precisamente el periodismo, ser incómodo, pero en un país como Colombia, incomodar, leer o escuchar lo que es perturbador significa entrar en una lista negra, que puede costarle la vida a ese comunicador. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, tiene abierto un capítulo especial denominado “Impunidad”, en el que resalta docenas de casos en los que las “investigaciones exhaustivas de la Fiscalía” de asesinatos contra periodistas, quedan en esa frase de cajón, que año tras año envejecen, hasta prescribir. Si no es por la declaratoria de crímenes de lesa humanidad, a un puñado de casos, en su gran mayoría, esos procesos en el organismo investigativo duermen el sueño de los justos.

El pago de cerca de 800 millones de dólares en sobornos por parte de una multinacional es épico. Este fraude masivo involucró a 12 países, tumbó y mandó a la cárcel a varios jefes de estado. Colombia no fue la excepción, sin embargo, aunque la Fiscalía General de la Nación involucró a decenas de personas, no todas están judicializadas. Faltan presidentes colombianos en ejercicio y candidatos presidenciales que hoy, después de más de seis años no se han tocado.

El Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción adelantó un informe a través de su Observatorio de Justicia e Impunidad, denominado “Gestión de la Fiscalía General de la Nación y sus Delegadas en la Investigación de Delitos contra la Administración Pública (2014-2021)”, los resultados son desoladores, por decir poco. Los datos suministrados por la ONG son escalofriantes acerca del nivel de impunidad del organismo de investigación y acusación con respecto a procesos de corrupción en el estado colombiano

El caso del denominado “Cartel de la Toga” es uno de los episodios o tal vez, el más vergonzoso para la justicia en Colombia, en donde se comprobó que al más alto nivel de las altas cortes, se compraban, se vendían fallos e información privilegiada, a cambio de miles de millones de pesos. Si bien en el mediático proceso, se destituyeron y condenaron a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de políticos de muy alto nivel en cargos en el legislativo y el ejecutivo, es evidente que no todos los implicados, nombrados por el confeso ex zar anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, Luis Gustavo Moreno, han sido judicializados ¿Ha sido corto el brazo del ente acusador, por seis años?