Uno de los casos más emblemáticos de corrupción en los que un deporte tan popular como el fútbol se vio afectado en Colombia, y en el que después de seis años, millones de aficionados en el país aún esperan respuestas de las autoridades, es el de la reventa de boletas para las eliminatorias a Rusia 2018.
Pese a la multa de $18.352 millones impuesta a la Federación Colombiana de Fútbol, sus dirigentes, a empresas vendedoras de boletas y a otros particulares, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, caso en el que se comprobó que las personas involucradas actuaron de manera ilegal, decisión ratificada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, a finales de 2022, esta es la hora que la Fiscalía General de la Nación no ha tomado decisiones.
La gente no se explica, que así sea un negocio privado, el presidente de la federación Jesús Jesurún; el máximo jefe de la Difútbol Álvaro González Alzate, y otros “jerarcas” de la Dimayor, hasta el momento, siguen al frente de sus cargos y lo peor, en completa libertad y tomando decisiones, a pesar de haberse comprobado que “cartelizaron” miles de boletas, es decir, a pesar de estar ya vendidas, se las ofrecieron al público 350% más costosas, ocasionando un problema de marca mayor en varios partidos, como el de Brasil Vs Colombia que se jugó en agosto de 2017. Luis Bedoya, otro dirigente involucrado en este caso, ya fue fue declarado culpable en el famoso “Fifa Gate”. Se entregó ante la justicia de los Estados Unidos y se convirtió en testigo de la justicia norteamericana.
La Superindustria estableció que las cabezas visibles de TicketShop, TicketYa y la Federación Colombiana de Fútbol, hicieron un negocio en el que se entregaron $3.000 millones en sobornos a los dirigentes deportivos, para hacerse con el contrato de venta de boletas, que no solamente resultó un fracaso, sino que se vendieron entradas, con apariencia de cortesías, cuyos dineros ingresaron a los bolsillos, según el ente de control, de los dueños del poder en la FCF.
A pesar de que se abrió una investigación de tipo penal por parte del ente acusador contra los directivos de la Federafútbol, caso a cargo de la fiscal Yajaira Cáceres Pacheco, la señora debió responder después en juicio por los delitos de falsedad ideológica en documento público y cohecho. Desde luego, fue destituida de su cargo. La funcionaria judicial abusando de su investidura, se hizo invitar a dos partidos de la selección Colombia en Barranquilla. Y para completar, en un correo electrónico afirmó que iba acompañada de cinco agentes del CTI, pero en la lista oficial estaba su esposo. Una cereza que adorna este bochornoso hecho de impunidad.
La investigación inició a finales de 2017, el cado cumple más de cinco años de impunidad. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia decidió archivar la indagación, a favor de los fiscales y miembros del CTI, por haber asistido a los partidos de la selección Colombia, porque sus abogados demostraron que su presencia en el estadio Metropolitano, era en búsqueda de establecer los hechos y no de disfrutar los partidos, como cualquier aficionado. Detalles de la justicia colombiana.