A pesar de que el testimonio del exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación Luis Gustavo Moreno, quien pagó algo cerca de cinco años de cárcel en Colombia y los Estados Unidos, tras admitir que era pieza clave en el sonado proceso “El Cartel de la Toga”, sirvió para judicializar a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Camilo Tarquino, Francisco Ricaurte, Leónidas Bustos y Gustavo Malo), no todos los involucrados han sido llamados y castigados por las autoridades.
Debe recordarse que ese escándalo es calificado como el caso más oscuro de la justicia en Colombia en el presente siglo. Las delaciones del arrepentido Moreno también fueron claves para condenar a congresistas que fueron “clientes” del entramado criminal de venta de fallos, información privilegiada y estado de procesos.
Sin embargo, la opinión pública se pregunta si los interesados en comprar sentencias a su favor, o también, en contra de sus enemigos, eran solamente aforados (funcionarios públicos que por razones de sus cargos son juzgados por un juez o tribunal especial, diferente al de cualquier ciudadano).
El alboroto tomó forma con la captura de Moreno en Miami, en junio de 2017, cuando fue revelado un bochornoso video en el que aparece el ex fiscal junto a otro abogado (Leonardo Pinilla Gómez, alias porcino) recibiendo 10 mil dólares del ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons (2012 – 2015), dinero que representaba un primer depósito para controlar la investigación que se le seguía en Colombia al exmandatario, por diversos casos de corrupción. Esa fue la Caja de Pandora, que aseguraba destapar una alcantarilla de dimensiones descomunales. Pero no fue así.
Lyons entregó al exfiscal, en acuerdo con las autoridades norteamericanas. En conversaciones grabadas quedó registrado cómo entre ambos (Lyons y Moreno) discutían las posibilidades que tenía el alto funcionario de la Fiscalía, de entonces, para controlar las investigaciones que se le seguían al exmandatario cordobés como, por ejemplo, centrar el trabajo de los fiscales en otros temas.
En contraparte, “Moreno y Pinilla pedían un pago de 400 millones de pesos con un adicional de $30.000 (dólares) antes de la salida de Moreno de los Estados Unidos”. Finalmente el exgobernador se declaró culpable por desviar $71.600 millones por el conocido “Cartel de la Hemofilia”, donde se crearon pacientes falsos para destinar dinero y atenderlos.
La red de corrupción movía tarifas que presuntamente eran entre los $1.500 y los $3.000 millones para motivar decisiones, pero otros datos afirman que las cifras podían llegar hasta los $10 mil millones.
Ya hoy Luis Gustavo Moreno en libertad, con cambio de look y convertido en periodista en un medio electrónico de Antioquia, es válido analizar si las denuncias que hizo en su momento contra empresarios, expresidentes y funcionarios salpicados de Odebrecht, ex alcaldes y ex gobernadores con serios problemas de procesos penales han avanzado en la Fiscalía.
La respuesta es no. O por lo menos no, con la efectividad y velocidad necesaria, después de casi seis años.
Los colombianos se preguntan qué pasó con los casos en los que se nombró como “clientes” de ese cartel, algunos con cifras de sobornos o potenciales cohechos, a: Franklin Chaparro, exalcalde de Villavicencio ($1.000 millones); exsenadora Piedad Zuccardi ($10.000 millones); excongresistas Zulema Jattin; Liliana Rendón; Hernán Andrade; Luis Alfredo Ramos; Mauricio Lizcano; Nilton Córdoba ($200 millones); Martín Emilio Morales; Julio Gallardo; Argenis Velásquez; los exgobernadores Juan Carlos Abadía (Valle), Sandra Paola Hurtado (Quindío); Lucas Gnecco (Cesar), o el exsecretario general de la Presidencia de la República Alberto Velásquez ($300 millones), entre otros.
Moreno también declaró contra varios exfuncionarios de la Fiscalía y la Procuraduría, empezando por la segunda esposa de Bustos, Martha Cristina Pineda; el ex fiscal delegado ante la Corte Suprema Alfredo Bettín y el ex fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Luis Raúl Acero Pinto. La lista continúa con los abogados Luis Ignacio Lyons, primo del exgobernador Alejandro Lyons y abogado de Musa Besaile, y Héctor Gerardo Torres, exfuncionario del Congreso. De todos los anteriores poco se sabe.