Odebrecht es el emblema mundial de la corrupción en el que están involucrados varios gobiernos en el mundo, especialmente en América Latina.
En diciembre de 2016, tras un acuerdo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el conglomerado de construcción brasileño, de delación premiada, este último reveló haber configurado un sistema de soborno y fraude masivo en 12 países durante al menos una década, pagando al menos US$788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobierno, partidos políticos y candidatos con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de contratos de obra pública y en el desarrollo de sus negocios en distintos lugares.
El impacto de este caso les costó el puesto o serias investigaciones a varios jefes de estado. Han sido salpicados presidentes de países como Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al igual que expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García; en Brasil, los exmandatarios Michel Tremer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva; en Panamá, Ricardo Martinelli, Martín Torrijos y Juan Carlos Varela; en Salvador, Mauricio Funes; Argentina Mauricio Macri (de manera indirecta).
En muchos casos, esos mandatarios han sido destituidos, están presos, juzgados o investigados, de acuerdo con las leyes internas. De una u otra forma, la justicia ha obrado.
Colombia, no obstante, de haber sido incluida en la lista de países en donde los sobornos según cifras del mismo conglomerado global, a la hora de colaborar con la justicia de los Estados Unidos, entregó US$20 millones para que le adjudicaran seis contratos en el país, solamente algunas personas han sido condenadas. Las investigaciones jamás llegaron hasta las grandes figuras políticas como el presidente Juan Manuel Santos o el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga.
A nivel nacional, fueron las declaraciones del exsenador Otto Bula, las que salpicaron la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014.
Aunque el ex congresista no entregó pruebas documentadas de la financiación, en marzo de ese año el jefe de la campaña de Santos, Rodrigo Prieto, confirmó el aporte de la firma brasileña en 2010 para el pago de dos millones de afiches de promoción proselitista. Pero Prieto aclaró que el mandatario no tenía “conocimiento de estos ingresos”, curiosa aclaración.
El propio organismo acusatorio colombiano informó que la firma brasileña sí había hecho aportes a la campaña de presidencial de Santos y su rival en 2014, Óscar Iván Zuluaga, pero hoy la misma Fiscalía General de la Nación no ha terminado de resolver el entramado criminal.
Los condenados fueron: el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales recibió US$6,5 millones para para asegurar la adición de la vía Ocaña – Gamarra (cinco años – ya está en libertad); Enrique Ghisays sentenciado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 10 años y nueve meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, su hermano a tres años, ambos habrían recibido US$750 mil por lavar el dinero de García Morales; el exsenador Otto Bula, considerado el mensajero de Odebrecht en el legislativo (cinco años y cuatro meses); José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana (11 años); el ex senador Bernardo Miguel Elías, conocido como el “Noño” condenado a seis años y ocho meses, por apropiarse de otros US$4,6 millones; el contratista Andrés Cardona Laverde fue sentenciado a cinco años de prisión tras el aval del preacuerdo en el que aceptó su participación en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer en calidad de coautor, y la contratista Paola Solarte fue sentenciada a seis años y medio de prisión después de firmar un preacuerdo por los delitos de peculado por apropiación y abuso de confianza.
La pregunta es… ¿Qué pasó con el resto de implicados?, ¿Por qué la Fiscalía o la justicia colombiana no ha actuado con cerca de 120 personas más vinculadas al proceso?
En agosto de 2022, más de 54 personas fueron presentadas ante los jueces de control de garantías para imputar cargos: 38 eran particulares y 16 servidores públicos. A esa fecha se habían logrado 18 sentencias condenatorias en contra de 15 personas naturales y tres funcionarios.
Entramados aberrantes, sin resolver
Y como si el solo el escándalo fuera poco. La Fiscalía tampoco pudo resolver la muerte de Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol, quien advirtió en una entrevista los graves hechos de corrupción que encontró en documentos y pruebas que le entregó, sin que nada pasara, al entonces abogado de Corficolombiana y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Néstor Humberto Martínez, a quien la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, le archivó la investigación. Néstor Humberto Martínez nunca hizo público su impedimento, por las confesiones de Pizano, para investigar el escándalo Odebrecht en la Fiscalía que llegó a dirigir. Las escalofriantes denuncias de Pizano quedaron sin tener respuesta. La muerte del hijo de Pizano (Alejandro), quien de la manera más absurda resultó también muerto, tras presuntamente injerir cianuro, tampoco ha sido totalmente resuelta.
Los excongresistas Bernardo Elías y Otto Bula, salpicaron a las exministras de Transporte Cecilia Álvarez y Gina Parody, por presuntos intereses particulares en la adición del contrato Ocaña Gamarra aprobada en un Conpes en el que no se declararon impedidas. Durante esta aprobación tampoco se declaró impedido Néstor Humberto Martínez, entonces ministro consejero o ‘súper ministro’. En 2019 la Fiscalía reabrió la investigación por supuesto conflicto de intereses a Álvarez y Parody. En abril de 2022, la Procuraduría General de la Nación las absolvió.
Bula y Elías, también salpicaron a Luis Fernando Andrade expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, imputado nuevamente por la Fiscalía en marzo de 2021, luego de que una juez de Bogotá anulara el llamado a juicio por su supuesta responsabilidad en irregularidades de la Ruta del Sol III. Otro juez de la capital del país anuló el proceso que se sigue en contra el exdirector de la ANI porque los hechos que le atribuye la Fiscalía no son claros.
Uno de los principales objetivos de Odebrecht en Latinoamérica fueron los candidatos presidenciales y sus campañas políticas. Como ya se afirmó, sus directivos confesaron haber infiltrado en Colombia las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, sobornando asesores, entregándoles recursos a través de publicidad, como el pago de 1,6 millones de dólares al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça conocido como Duda Mendonça, y de afiches publicitarios por 400.000 dólares a la campaña Santos Presidente a través de Roberto Prieto. El Consejo Nacional Electoral archivó la investigación contra Santos y Zuluaga, al igual que la Comisión de Acusación de la Cámara contra el expresidente Juan Manuel Santos.
Muchas piezas nunca se armarán en el rompecabezas de corrupción de Odebrecht en Colombia. En algunos casos por un pacto de silencio de los responsables más visibles quienes asumieron las condenas, en otros procesos, por falta de dientes de la Fiscalía General de la Nación para perseguir todos los tentáculos. Y en otros escenarios, por intereses que permean las instituciones de carácter político y judicial.