Mucho se habla en los mentideros, los corrillos y los pasillos de la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente está integrada por más de 23 mil funcionarios, tanto a nivel centralizado como descentralizado, y tiene asignado un presupuesto de 4.8 billones de pesos para 2022 y de $5.3 billones para el 2023.
La Fiscalía pertenece a la rama judicial del poder público que tiene a cargo la investigación de las posibles conductas delictivas que se presentan en todo el territorio nacional. Como ente investigador, su papel consiste en acusar frente a los juzgados y tribunales competentes a quienes considere que han cometido un delito, reuniendo todas las pruebas para ello. Asimismo, cuenta con una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la cual es la encargada de investigar y acusar a los aforados políticos.
El Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción con sede en Bogotá, entregó en febrero pasado un informe del Observatorio de Justicia e Impunidad, denominado “Gestión de la Fiscalía General de la Nación y sus Delegadas en la Investigación de Delitos contra la Administración Pública (2014-2021)”, los resultados son desoladores, por decir poco.
La ONG es una institución que tiene por objeto la detección, investigación y análisis de las causas y efectos de la corrupción, violaciones a la ética, el abuso de poder y la falta de transparencia, integridad y rendición de cuentas en la administración pública y en el sector privado, a nivel nacional e internacional.
El poder de la FGN
Un país tan amplio como lo es Colombia demanda de la distribución de las tareas a lo largo y ancho del territorio nacional. El poder de la FGN es enorme: a raíz del Acuerdo de Paz y los retos que implica su implementación, en 2017, se llevó a cabo una reestructuración de la entidad con el ánimo de aumentar su presencia en todo el territorio nacional, generar mayor estabilidad y brindar mayores garantías en materia de seguridad.
Con esta reforma se buscó fortalecer la capacidad de investigación y acusación de la FGN por medio de tres Delegadas adscritas al Despacho del Vicefiscal, a saber: Delegada Contra la Criminalidad Organizada, Delegada para la Finanzas Criminales y Delegada para la Seguridad Territorial. Esta última Delegada, que inicialmente se denominó Delegada para la Seguridad Ciudadana, tiene dentro de sus funciones el fortalecimiento de las capacidades de investigación y judicialización a nivel territorial, lo cual implica que coordina las 35 DS que se encuentran distribuidas a lo largo del territorio colombiano.
Con semejante estructura, se pensaría que el ente acusador logra cumplir con todos sus objetivos en su lucha contra los delitos asociados a la corrupción en entidades públicas, pero las cifras, según la publicación del Instituto Anticorrupción dicen lo contrario.
De lo general a lo particular
Los análisis de los expertos, indican que entre 2014 y 2021 ingresaron a la FGN 157.399 noticias criminales por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. El reporte señala que la mayor cantidad de ingresos de noticias criminales tuvieron lugar entre 2016 y 2018, periodo en el que fungía como presidente de la República, Juan Manuel Santos (2010-2018), y como Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez (2016-2019).
A partir del año 2018, el ingreso de noticias criminales desciende levemente. “Este comportamiento se observa hasta el 2020. Así pues, al inicio de la administración de Francisco Barbosa este mismo año, se presenta una reducción del 14.5% en la cantidad de denuncias ingresadas a la entidad, con respecto al año inmediatamente anterior. Esta caída pudo verse motivada, confirma el estudio, por el transcurso de la pandemia del Covid-19. Pero, a partir del 2021, el ingreso de noticias criminales aumentó en 1% respecto al año anterior”, subraya.
Más de la mitad de las noticias criminales están inactivas
Al hacer las cuentas, los investigadores del Instituto Anticorrupción establecieron que el 63% de las noticias criminales ingresadas entre 2014 y 2021 se encuentran inactivas. “Esto indica que 98.793 del total de noticias presentadas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, perdieron su valor funcional y operativo en razón a la terminación del proceso. El 37% continúan activas, es decir, 58.606 procesos”, dice el documento.
El mismo examen advierte que entre 2014 y 2016, el número de procesos inactivos es de los más altos, pues allí se encuentran los casos más antiguos. En esos tres años, de 60.167 procesos que ingresaron, 48.560 se inactivaron, es decir, el 81%.
“Desde el año 2017, este panorama empieza a cambiar: el número de procesos inactivos decrece y los activos incrementan, lo cual se debe, en parte, a que ingresaron al sistema más recientemente. Este periodo coincide con la administración de Néstor Humberto Martínez y con los primeros dos años de la gestión de Francisco Barbosa. Sobre este último, llama la atención que de los 34.005 procesos que han ingresado durante su administración, el 40% se hayan inactivado en apenas dos años. Ello, a pesar de que los hechos que guardan relación con la comisión de delitos contra la administración pública cuentan con más tiempo para su investigación.”, evidencia el reporte.
Archivo de investigaciones, preclusiones y pre-acuerdos, a la orden del día
Y como si lo anterior no fuera tan grave, la publicación alerta sobre la frustración que adquieren los denunciantes, toda vez que el 88% de los procesos inactivos no pasaron de la etapa de investigación previa y el 72% de estos (62.061) terminaron archivados, especialmente, por conducta atípica, es decir, porque la Fiscalía no encontró motivos o circunstancias fácticas que permitieran caracterizar la conducta denunciada como delito o no logró probar su existencia.
A su vez, el 5% de los casos inactivos culminó durante la etapa de juicio y solo el 5% en ejecución de penas, esto último, refiere a los procesos en los que se ha proferido sentencia condenatoria, por lo que se procede con la imposición de la pena.
El 40% de los procesos que ingresaron entre 2014 y 2021 a la FGN, terminaron archivados. Después de estos, es evidente el alto número de preacuerdos (3%), de principios de oportunidad (3%) y preclusiones (3%) dentro de estos procesos.
Con estas decisiones y con aceptación de cargos, la fiscalía finalizó cerca del 9% de los procesos adelantados por presuntos delitos contra la administración pública. Lo llamativo de este resultado es el factor común que las caracteriza: la culminación del ejercicio investigativo en virtud de la terminación anticipada del proceso. De hecho, la aceptación de cargos, los preacuerdos y negociaciones, decisiones que facilitan la condena sin juicio, representan el 78% de las sentencias condenatorias. La gran conclusión para los expertos que adelantaron la investigación es que en los últimos ocho años, de los procesos que han ingresado al ente perseguidor de los colombianos, por hechos que van en contra del adecuado funcionamiento de la administración pública, solo el 2% finalizó con sentencia condenatoria